jueves, 17 de septiembre de 2026

El uso de los psicotrópicos: responsabilidad, seguridad y el papel del farmacéutico en Panamá

 

El uso de los psicotrópicos: responsabilidad, seguridad y el papel del farmacéutico en Panamá

Por Walter Caballero

Actualización 2026

En octubre de 2007 publiqué en este mismo espacio un artículo titulado “El uso de los psicotrópicos”. En aquel momento mi intención era llamar la atención sobre un tema que sigue siendo de gran importancia: el uso responsable de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y que, por sus características farmacológicas, pueden producir tolerancia, dependencia y otros efectos que requieren especial cuidado.

[Ver publicación de 2007]

Han pasado casi dos décadas desde aquella publicación.

Durante todo este tiempo han cambiado las normas sanitarias, han aparecido nuevos medicamentos, se han modificado los listados de sustancias sometidas a control y también ha evolucionado la manera en que entendemos la responsabilidad de médicos, farmacéuticos, pacientes y establecimientos farmacéuticos.

Por eso considero oportuno retomar aquel tema y actualizarlo.

No se trata de alarmar acerca de los psicotrópicos. Tampoco de convertirlos en medicamentos que el paciente deba temer.

Se trata, sencillamente, de recordar que un medicamento que puede ser muy útil cuando está correctamente indicado también puede convertirse en un problema cuando se utiliza de manera inadecuada.


¿Qué entendemos por psicotrópicos?

Los psicotrópicos son sustancias capaces de producir efectos sobre el sistema nervioso central y, por tanto, pueden modificar aspectos como el estado de ánimo, la ansiedad, el sueño, la conducta, la percepción o determinadas funciones neurológicas.

Dentro de este grupo encontramos medicamentos utilizados en situaciones clínicas muy diversas.

Algunos son indispensables para tratar trastornos de ansiedad, insomnio, epilepsia, determinados trastornos psiquiátricos, déficit de atención y otras condiciones médicas.

El problema no está necesariamente en el medicamento.

El problema puede aparecer cuando se utiliza sin la indicación adecuada, durante más tiempo del necesario, en dosis diferentes a las prescritas o sin una adecuada supervisión profesional.

Por esa razón, hablar de psicotrópicos debe llevarnos inmediatamente a hablar de uso racional y seguimiento del tratamiento.

En la farmacia es común que un paciente llegue al mostrador y pregunte: “Tengo insomnio, ¿puedo tomar alprazolam?”

Es allí donde el farmacéutico, y dentro de sus funciones el personal técnico de farmacia, debe orientar al paciente y explicarle que no se trata simplemente de escoger una tableta para resolver un problema de sueño. Cuando estamos frente a un medicamento que requiere prescripción y que además está sujeto a controles especiales, debemos actuar con responsabilidad.


Tolerancia, dependencia y uso prolongado

Uno de los aspectos que debemos comprender es que algunos psicotrópicos pueden producir tolerancia y dependencia.

La tolerancia ocurre cuando, con el tiempo, el organismo puede requerir una dosis mayor para producir un efecto similar.

La dependencia, por otra parte, significa que el organismo se ha adaptado a la presencia del medicamento y que su suspensión brusca puede producir síntomas de abstinencia.

Esto no significa que toda persona que utiliza un psicotrópico vaya necesariamente a desarrollar una adicción.

Tampoco significa que estos medicamentos no deban utilizarse.

Significa que su utilización debe responder a una indicación médica, con la dosis y duración apropiadas, y con seguimiento cuando sea necesario.

Una de las situaciones que debemos evitar es que el paciente llegue a considerar el medicamento como una solución permanente para cualquier problema de sueño, ansiedad o malestar emocional, sin que exista una evaluación médica que determine si realmente debe continuar utilizándolo.


El medicamento no debe convertirse en una costumbre

Existe una diferencia importante entre utilizar un medicamento porque existe una necesidad terapéutica y utilizarlo simplemente porque la persona siente que ya no puede funcionar sin él.

Por ejemplo, una persona puede comenzar utilizando un medicamento para dormir durante un período determinado.

Con el paso del tiempo puede llegar a pensar:

“Si no me tomo la pastilla, no puedo dormir”.

Y entonces comienza a utilizarla todas las noches, incluso cuando la situación que originó el tratamiento ya desapareció.

Ese es precisamente el tipo de situación que debemos tratar de prevenir mediante un adecuado seguimiento.

Cuando un paciente lleva mucho tiempo utilizando un psicotrópico, no corresponde simplemente decirle:

“Deje de tomarlo”.

En determinados medicamentos, la suspensión debe realizarse de manera gradual y bajo supervisión médica.

Por eso, ante tratamientos prolongados, la comunicación entre médico, farmacéutico y paciente adquiere especial importancia.

Es como aquel caso del paciente que un día nos dice, en vez de una tableta me estoy tomando dos, porque una ya no me hace efecto.

Y entonces surge una pregunta muy sencilla:

¿Quién le autorizó a tomar una más?

Es precisamente allí donde la intervención farmacéutica puede ser fundamental para orientar al paciente y evitar que él mismo vaya modificando su tratamiento.


La responsabilidad comienza con una buena prescripción

El médico tiene una responsabilidad fundamental.

Antes de prescribir un psicotrópico debe valorar la condición del paciente, los medicamentos que utiliza, sus antecedentes y los posibles riesgos asociados al tratamiento.

También debe existir claridad respecto a la dosis, frecuencia y duración del tratamiento.

Una prescripción responsable no termina cuando se escribe la receta.

Debe existir también una valoración posterior de la respuesta del paciente.

Esto es particularmente importante cuando se trata de medicamentos con potencial de dependencia.


Y allí aparece el farmacéutico

En muchas ocasiones el farmacéutico es el último profesional de salud que tiene contacto con el paciente antes de que el medicamento llegue a sus manos.

Eso representa una responsabilidad, pero también una oportunidad.

El farmacéutico puede detectar situaciones que quizás no hayan sido evidentes durante la consulta médica.

Por ejemplo:

  • pacientes que presentan varias recetas de diferentes médicos;
  • tratamientos que parecen prolongarse indefinidamente;
  • duplicidad de medicamentos;
  • dosis que generan dudas;
  • posibles interacciones con otros medicamentos;
  • utilización diferente a la indicada;
  • pacientes que solicitan repetidamente un medicamento antes del tiempo esperado;
  • o personas que manifiestan temor ante la posibilidad de quedarse sin su medicamento.

Estas situaciones no deben ser vistas automáticamente como una conducta fraudulenta o como una intención de abuso.

Primero debemos preguntar, escuchar y evaluar.

A veces detrás de una conducta que nos llama la atención puede existir simplemente un paciente que no ha comprendido correctamente su tratamiento.

La farmacia no debe convertirse en un lugar donde simplemente se entrega una caja.


Una experiencia que me hizo reflexionar

Hace algunos años tuve la oportunidad de atender a una persona que utilizaba un psicotrópico de una manera que comenzaba a preocuparme.

En lugar de limitarme a entregar el medicamento, conversé con el paciente.

La conversación permitió conocer mejor lo que estaba ocurriendo y comprender que detrás de aquella solicitud repetida existía una situación que necesitaba atención.

La intervención farmacéutica, en ese caso, no consistió en sustituir al médico.

Consistió en orientar, detectar una posible situación de riesgo y contribuir a que el paciente recibiera la atención que necesitaba.

Esa experiencia reforzó en mí una idea que sigo considerando fundamental:

El farmacéutico no está solamente para entregar medicamentos; también está para ayudar a que esos medicamentos se utilicen correctamente.


Los psicotrópicos requieren controles especiales

La preocupación por el uso indebido de estas sustancias no es exclusiva de Panamá.

Los psicotrópicos y estupefacientes están sujetos a sistemas internacionales y nacionales de fiscalización precisamente por el riesgo que pueden representar cuando son utilizados fuera de los fines médicos y científicos autorizados.

En Panamá, la regulación actual se encuentra sustentada, entre otras normas, en la Ley 14 de 19 de mayo de 2016, que regula las actividades relacionadas con sustancias controladas para fines médicos y/o científicos, y en su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo No. 183 de 8 de junio de 2018.

Más recientemente, la Resolución No. 200 de 26 de septiembre de 2025 actualizó el listado oficial de sustancias controladas permitidas en el territorio nacional para uso médico y científico. Dentro de ese listado se encuentra una categoría específica de sustancias psicotrópicas sujetas a control internacional.

Esto demuestra algo importante:

La regulación no es estática.

Los profesionales y establecimientos que trabajan con estos medicamentos debemos mantenernos atentos a las modificaciones de las normas y de los listados oficiales.


Una receta no es simplemente un papel

Cuando hablamos de psicotrópicos, la receta adquiere una importancia especial.

No basta con que exista una receta.

Debe cumplir con los requisitos correspondientes y permitir establecer claramente quién prescribe, quién es el paciente, qué medicamento se prescribe y bajo qué condiciones debe utilizarse.

La normativa panameña establece, además, requisitos y límites específicos relacionados con la dispensación de recetas de productos que contienen psicotrópicos y estupefacientes.

Por eso, ante este tipo de medicamentos, verificar la receta forma parte del acto profesional de dispensación.

No es una simple formalidad administrativa.

Detrás de una receta hay un médico que prescribe, un farmacéutico que debe verificar y dispensar conforme a las normas, y un paciente que espera recibir un tratamiento seguro.


¿Qué debe hacer el paciente?

El paciente también tiene una responsabilidad.

Si utiliza un psicotrópico:

No debe aumentar la dosis por su cuenta.

No debe reducirla o suspenderla bruscamente sin orientación profesional cuando exista riesgo de abstinencia.

No debe compartir el medicamento con familiares o amigos.

No debe utilizar medicamentos prescritos para otra persona.

Debe informar al médico y al farmacéutico sobre otros medicamentos que esté tomando.

Y, sobre todo, debe comprender que sentirse mejor no significa necesariamente que el tratamiento deba mantenerse indefinidamente, ni significa que pueda modificarse sin consultar.


¿Y qué debe hacer el farmacéutico?

Desde mi punto de vista, el farmacéutico debe mantener un equilibrio.

Por un lado, debe respetar la prescripción y procurar que el paciente pueda acceder a su tratamiento cuando este se encuentre correctamente indicado y cumpla los requisitos establecidos.

Pero, por otro lado, debe actuar profesionalmente cuando detecte una situación que pueda representar un riesgo.

Eso puede significar:

  • verificar cuidadosamente la receta;
  • revisar posibles duplicidades;
  • orientar al paciente;
  • identificar posibles interacciones;
  • preguntar cuando exista alguna inconsistencia;
  • documentar las situaciones que corresponda;
  • comunicarse con el médico cuando sea necesario;
  • y cumplir estrictamente los procedimientos establecidos para los medicamentos sometidos a control.

Controlar no significa dificultar el acceso.

Controlar significa procurar que el medicamento llegue al paciente correcto, en las condiciones correctas y bajo la responsabilidad profesional correspondiente.


El control sanitario también protege al paciente

A veces los controles pueden parecer excesivos para quien observa solamente el acto de dispensar.

Pero detrás de cada requisito existe una razón.

Verificar una receta, registrar una operación, mantener un inventario, custodiar adecuadamente un medicamento o comprobar quién realizó la dispensación no son acciones destinadas simplemente a llenar formularios.

Son mecanismos de trazabilidad y seguridad.

La experiencia de la fiscalización sanitaria demuestra precisamente la importancia de mantener estos procesos correctamente documentados y bajo la responsabilidad profesional correspondiente.

Una diferencia de inventario, una receta incompleta, un registro atrasado o una operación que no pueda ser debidamente sustentada pueden convertirse en señales de que algo no está funcionando como debería.

Y en medicamentos con potencial de abuso o dependencia, prevenir siempre será mejor que investigar después.


Han pasado casi veinte años

Cuando escribí aquel primer artículo en 2007, probablemente no imaginaba que casi veinte años después estaría regresando al mismo tema.

Pero hay algo que no ha cambiado:

los medicamentos son herramientas extraordinarias de la medicina, pero su beneficio depende de que sean utilizados correctamente.

En estos años han cambiado los nombres de algunos medicamentos, las normas, los sistemas de control y las formas de dispensación.

También ha cambiado la tecnología.

Pero sigue siendo necesario algo que ninguna tecnología puede sustituir completamente:

el criterio profesional.

El médico debe prescribir responsablemente.

El farmacéutico debe dispensar responsablemente.

El paciente debe utilizar responsablemente.

Y las autoridades sanitarias deben establecer controles que protejan a la población sin perder de vista el derecho de los pacientes a recibir los tratamientos que necesitan.


Del artículo de 2007 al Panamá de 2026

Mi artículo original hablaba principalmente de una preocupación: el uso inadecuado de los psicotrópicos y el riesgo de dependencia.

Hoy, en 2026, esa preocupación sigue vigente.

Pero ahora podemos verla desde una perspectiva un poco más amplia:

prescripción responsable + dispensación profesional + seguimiento del paciente + control sanitario + educación.

No se trata de satanizar los psicotrópicos.

Muchos pacientes los necesitan y se benefician de ellos.

Se trata de utilizarlos con respeto.

Porque un medicamento puede ser una herramienta terapéutica extraordinaria cuando se utiliza correctamente, pero puede convertirse en un problema cuando se pierde de vista su propósito.


Una reflexión final

Como farmacéutico, considero que nuestra responsabilidad no termina cuando entregamos el medicamento.

En realidad, allí comienza una parte importante de nuestro trabajo.

Cuando entregamos un psicotrópico estamos entregando mucho más que una caja.

Estamos poniendo en manos de una persona un medicamento que puede modificar su sistema nervioso, aliviar un sufrimiento, mejorar su calidad de vida y, en determinadas circunstancias, generar dependencia si no se utiliza correctamente.

Por eso debemos preguntarnos siempre:

¿Estoy simplemente entregando un medicamento o estoy contribuyendo a que ese medicamento sea utilizado de manera segura?

La diferencia entre ambas cosas puede parecer pequeña.

Pero desde el punto de vista farmacéutico, es enorme.


Nota de actualización

Este artículo es una actualización del texto original “El uso de los Psicotrópicos”, publicado en este blog en 2007.

La presente versión incorpora elementos regulatorios vigentes y una reflexión desde la práctica farmacéutica actual en Panamá.

Las disposiciones sanitarias pueden ser modificadas por la autoridad competente, por lo que ante situaciones regulatorias específicas debe consultarse siempre la normativa oficial vigente.

domingo, 6 de septiembre de 2026

Detrás del Mostrador: La Transformación Económica, la Degradación del Servicio y el Futuro de la Farmacia Comunitaria en Panamá

 

El acceso a los medicamentos y la atención de salud periférica constituyen pilares fundamentales para el bienestar de cualquier sociedad. 
En Panamá, el sector farmacéutico ha experimentado una metamorfosis radical a lo largo de los últimos cincuenta años. 
Lo que a mediados del siglo XX se erigía como una profesión de alta confianza científica, estrecha cercanía humana y un rol activo en la ciencia galénica, se ha transformado hoy en un mercado corporativo hipercompetitivo, caracterizado por la concentración del volumen de compra y una alarmante despersonalización en el servicio. 
Esta evolución, impulsada por cambios legislativos mal compensados y la desregulación comercial, plantea un desafío crítico no solo para la supervivencia de la farmacia independiente, sino para la seguridad misma del paciente panameño. 
1. La Era del Control de Precios: Competencia por Calidad de Servicio
Durante la década de 1970 y los primeros años de los 80, el mercado farmacéutico panameño operaba bajo un estricto régimen de control de precios. 
En este entorno regulatorio, el Estado fijaba un tope máximo de recargo del 33% sobre el costo de adquisición de los productos. 
Aunque a nivel normativo se expresaba de esta forma, en la práctica contable y financiera de los estados de resultados, este recargo representaba exactamente una utilidad bruta del 25% sobre el precio de venta final (\(0.33 / 1.33 \approx 24.81\%\)). 
Dado que todas las farmacias del país vendían prácticamente a los mismos precios, la competencia comercial no se basaba en guerras de descuentos, sino en la calidad del servicio técnico y humano brindado a la población.
Bajo este modelo económico, el número de establecimientos farmacéuticos a nivel nacional era reducido y equilibrado respecto a la densidad demográfica. 
En localidades del interior del país, como en el distrito de Soná en la provincia de Veraguas, existían apenas dos farmacias tradicionales para atender a toda la comunidad. 
Esta baja densidad aseguraba un volumen de venta natural y suficiente para que los propietarios cubrieran holgadamente sus costos operativos, pagaran planillas completas y sostuvieran la presencia de un farmacéutico idóneo de tiempo completo.
En aquellos tiempos, la esencia de lo que hoy conocemos como Atención Farmacéutica se manifestaba en el mostrador a través de la ciencia galénica. 
Amparados bajo la Ley que regulaba el ejercicio de la profesión y las actividades farmacéuticas, los profesionales preparaban de forma cotidiana fórmulas magistrales dictadas por los médicos y formulas oficinales segun las farmacopeas. 
Las farmacias eran centros de confianza donde se elaboraban localmente lociones de calamina, tinturas de árnica o ruibarbo, alcohol al 70%, soluciones salinas de uso nasal y papelillos dosificados manualmente y muchos mas.
Este enfoque en la excelencia del servicio se replicaba en otros sectores de la empleomanía nacional, incluidos los supermercados. 
Los comercios contaban con personal suficiente para que el cliente se sintiera especial: las bandas de las cajas registradoras operaban en su totalidad con cajeras y empacadores de sobra para evitar retrasos, y en los mostradores de carnicería los carniceros conversaban con el cliente, personalizaban los cortes y priorizaban el buen trato. 
La falta de atención o la queja de un cliente eran los peores escenarios comerciales posibles.
2. El Quiebre del Modelo: La Ley de Jubilados, la Distorsión del Margen y el "Contrabando Familiar"
El punto de inflexión que alteró permanentemente la fijación de precios y los márgenes del sector ocurrió a finales de la década de 1980. 
Iniciativas comerciales del sector privado panameño —como las políticas voluntarias de descuentos para la tercera edad y los emblemáticos días de descuento general implementados originalmente por cadenas como Supermercados Riba Smith— demostraron que el volumen de venta podía utilizarse como una herramienta de atracción y beneficio social. 
Esto generó un fuerte clamor popular que culminó en la aprobación de la Ley 6 de 10 de junio de 1987 por parte de la Asamblea Legislativa. 
En su redacción original, el Artículo 1, Numeral 7 de la Ley 6 de 1987 estipulaba un descuento del 10% en las farmacias del valor de los medicamentos que los jubilados, pensionados y la tercera edad adquirieran, limitándolo estrictamente a productos bajo "prescripción médica" (con receta). 
Sin embargo, tras intensos debates y bajo la presión de las organizaciones de jubilados frente al incremento en el costo de la vida, el marco legislativo fue reformado en la década de 1990.
Esta modificación introdujo dos cambios drásticos: elevó el descuento obligatorio al 20% y eliminó el requisito de la receta, modificando la frase por un universal "por la compra de medicamentos"
Esta alteración semántica desató dos fenómenos sumamente lesivos para la sostenibilidad del sector:
  1. La Paradoja Económica: Al no contemplar el legislador un subsidio estatal o mecanismo de compensación real, las farmacias independientes se vieron obligadas a abandonar el histórico recargo del 33% sobre el costo para no quebrar absorbiendo el 20% obligatorio en productos de venta libre (OTC) con márgenes estrechos. Los comercios elevaron sus márgenes de marcado a porcentajes superiores al 40% o 50% sobre el costo. En consecuencia, una ley diseñada para beneficiar a la tercera edad terminó encareciendo los precios de lista base para el resto de la población general.
  2. El "Contrabando Familiar": Al permitirse la compra sin prescripción médica, se abrió una laguna comercial masiva. El adulto mayor pasó a fungir involuntariamente como el comprador delegado de todo su núcleo familiar. Se volvió común que los jubilados acudieran al mostrador a exigir el 20% de descuento por antigripales para los hijos o pastillas anticonceptivas para las nietas. Las farmacias independientes terminaron subsidiando de sus propios bolsillos el consumo farmacéutico de la población económicamente activa y joven del país.
3. La Pasividad Gremial, el Asalto de los Supermercados y el Desembarco Transnacional
Durante años, las farmacias independientes operaron bajo una comodidad cómplice: retenían las bonificaciones y ofertas por volumen de los laboratorios en sus tesorerías sin trasladarlas al consumidor general, manteniendo una falsa ilusión de igualdad de condiciones sin crear uniones de compras conjuntas.
Esta pasividad facilitó el crecimiento del modelo de grandes superficies. Cuando se autorizó la apertura de farmacias dentro de los supermercados (Rey, 99, Riba Smith), las cadenas se toparon inicialmente con una fuerte barrera cultural: el paciente panameño prefería y confiaba ciegamente en su farmacia tradicional de barrio. 
Para romper esta fidelidad histórica y forzar la migración de los pacientes, los supermercados implementaron agresivas estrategias de descuentos fijos por día (días de descuento general en medicamentos). 
Al no poder competir en asesoría clínica, compitieron con lo que la farmacia de barrio no podía igualar: sacrificar margen a cambio del volumen y compensar las pérdidas mediante la venta cruzada de alimentos y víveres. 
En su momento, solo voces visionarias como la del Licenciado Guillermo Devil (q.e.p.d.) advirtieron sobre el riesgo de ceder este terreno, pero el gremio permaneció inerte.
El panorama nacional cambió de forma definitiva a finales de la década de 2000, con la llegada en mayo de 2007 de cadenas internacionales de descuento masivo como FarmaValue. 
Con un profundo estudio de mercado, irrumpieron ofreciendo un 25% de descuento directo a todo público y captando al personal técnico y farmacéutico con mejores ofertas salariales. 
Su verdadera ventaja radicaba en el volumen de escala internacional, lo que les permitía sentarse a negociar directamente con los laboratorios fabricantes que controlan los costos de origen. 
Esto aceleró la asfixia de las farmacias independientes, atrapadas en un mercado saturado donde poblados como Soná pasaron de albergar 2 farmacias a registrar cerca de 12 establecimientos, pulverizando la rentabilidad por local.
4. El Colapso del Servicio y el "Trabajador Orquesta": Una Alerta Sanitaria
En el Panamá contemporáneo de 2026, la problemática de la reducción de personal y la precarización del servicio se ha extendido a todos los sectores comerciales. 
Se evidencia con nitidez en las franquicias de comida rápida (como KFC o Popeyes), donde en los autoservicios un solo colaborador atiende por el auricular, corre a la pantalla, cobra por la ventanilla y empaca la orden, realizando las tareas de tres o cuatro empleados. 
De igual forma, en los supermercados, los usuarios enfrentan filas interminables con solo una o dos cajas abiertas de 15 disponibles, mientras un único carnicero despacha lentamente a decenas de personas en nombre de la optimización de planillas.
Este modelo del "trabajador orquesta" se ha replicado peligrosamente en las farmacias. De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del MINSA, Panamá pasó de unas 180 farmacias en 1980 a más de 1,200 en la actualidad; sin embargo, el crecimiento físico ha sido inverso a la calidad del servicio. 
Hoy en día, una sola persona por turno debe limpiar, atender la caja registradora, controlar inventarios, procesar puntos de venta y buscar medicamentos en los tramos. Esta sobrecarga anula por completo la Atención Farmacéutica: no hay tiempo material para explicar posologías, interacciones o consultar signos vitales. 
Peor aún, abre una peligrosa ventana para que personal técnico o no idóneo termine realizando validaciones y dispensaciones sin el criterio del farmacéutico profesional, poniendo en riesgo la seguridad del paciente.
5. La Encrucijada Legislativa Actual (Proyecto de Ley 226)
El debate vuelve a repetirse en 2026 con la discusión del Proyecto de Ley 226, recientemente aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional. 
La propuesta busca ampliar los descuentos a jubilados hasta un 25% en insumos de salud y hasta un 30% en medicamentos
El gremio de farmacias pequeñas, agrupado en UNPROFA, ha solicitado formalmente el veto total o parcial al presidente José Raúl Mulino
La razón es contundente: a diferencia de los años 90, hoy las farmacias pequeñas ya no pueden recurrir a la fórmula de inflar sus precios de lista, porque las cadenas transnacionales y los supermercados ya operan con descuentos del 25% al 30%. 
Si el proyecto se convierte en ley sin modificaciones, las farmacias comunitarias que no cuentan con crédito fiscal efectivo o músculo financiero se verían obligadas a cerrar sus puertas. 
6. La Salida Estratégica: La Prescripción Médica y el SFT como Oportunidad de Negocio
En lugar de limitarse a una resistencia pasiva frente a la ley, la verdadera oportunidad estratégica para la farmacia independiente consiste en proponer e impulsar que el descuento a jubilados quede rigurosamente condicionado y reglamentado mediante prescripción médica comprobable.
Esta exigencia no representaría un obstáculo burocrático, sino la mayor ventaja competitiva de la farmacia comunitaria si se articula a través del Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT):
  • Digitalización y Registro Único: El paciente jubilado acude a su farmacia comunitaria la primera vez con su receta médica original. La farmacia registra al paciente en su programa de SFT, documenta su patología (diabetes, hipertensión, dislipidemia), valida la vigencia del tratamiento crónico y archiva el soporte clínico. A partir de ese momento, el paciente no requiere presentar físicamente una nueva receta en cada compra mensual; el sistema de seguimiento de la farmacia justifica legalmente que el tratamiento responde a una prescripción médica continua.
  • Poder de Negociación por Cohortes: Comercio es comercio. Si una farmacia comunitaria fideliza bajo este sistema a 100 o 200 pacientes crónicos que consumen un medicamento cardiovascular o metabólico específico, adquiere una posición de fuerza cuantitativa. Con esa base de datos y consumo garantizado, el farmacéutico independiente puede acudir directamente al distribuidor o laboratorio farmacéutico para negociar un descuento por volumen exclusivo para ese medicamento, demostrando salida inmediata y asegurada.
  • Blindaje contra el Abuso: El filtro del SFT garantiza que el descuento del 25% o 30% se aplique con estricto rigor ético y clínico exclusivamente al adulto mayor para sus dolencias reales, cerrando la puerta al desvío de medicamentos para familiares no beneficiarios.
  • Fidelización Asistencial Inquebrantable: Mientras las grandes cadenas transnacionales despachan medicamentos de forma fría y apresurada, la farmacia comunitaria complementa el registro del medicamento con la toma de presión, el control de glicemia, la revisión de adherencia y una palabra de afecto y respeto hacia el adulto mayor además de un programa de educación al paciente que puede implementarse.
Volver a la esencia de la farmacia tradicional, profesionalizada mediante el Seguimiento Farmacoterapéutico y la medicina preventiva, no es solo el camino para sortear la asfixia de las nuevas reformas legislativas; es la fórmula maestra para demostrar que el valor del farmacéutico comunitario está muy por encima de cualquier guerra de descuentos.


viernes, 4 de septiembre de 2026

Geología de un pasivo permanente: ¿Puede la aritmética trimestral financiar la responsabilidad de las próximas generaciones en Donoso?

El 16 de octubre de 2025 publicamos en Linkedin el ártículo: "Mina Donoso: Salud vs Economía
Hoy le traemos ahora este seguimiento.

Por: Walter Caballero

Introducción: una decisión que no puede medirse solamente en dólares

El debate sobre Cobre Panamá suele presentarse como una disyuntiva entre economía y ambiente. Sin embargo, esa forma de plantearlo resulta insuficiente.

La pregunta no es únicamente cuánto empleo puede generar una mina, cuánto aporta al producto interno bruto o cuánto podría recibir el Estado en ingresos fiscales.

La pregunta también es qué riesgos se asumen, quién los asume y quién responde por ellos cuando la actividad deja de producir ingresos.

La minería puede aportar beneficios económicos importantes. También puede generar impactos ambientales y riesgos para la salud. Reconocer ambas cosas no es una contradicción: es el punto de partida de una discusión responsable.

En Panamá, esa discusión adquiere una dimensión especial por el cierre de Cobre Panamá, las obligaciones ambientales pendientes y la necesidad de decidir cómo se manejará el sitio.

La auditoría integral realizada por SGS constituye un elemento relevante para conocer el estado del proyecto, pero sus resultados deben interpretarse con precisión.

El informe evaluó compromisos legales, fiscales, ambientales y operacionales; no equivale a una certificación de que no existen riesgos sanitarios ni a una autorización automática para reanudar la extracción.

Por eso, antes de discutir una eventual reapertura, considero indispensable responder una pregunta fundamental:

¿Puede Panamá demostrar que los riesgos ambientales y sanitarios de una actividad minera de gran escala pueden ser prevenidos, controlados y financiados durante toda la vida del proyecto y después de su cierre?

Si la respuesta todavía no está suficientemente sustentada, el deber del Estado no es apresurarse. Es investigar, informar y exigir las garantías necesarias.

1. El verdadero problema: beneficios temporales y responsabilidades de largo plazo

Una mina puede operar durante décadas. Pero algunos de sus impactos potenciales pueden requerir vigilancia y manejo durante mucho más tiempo.

Esto no significa que todo proyecto minero produzca necesariamente un daño permanente. Significa que la duración de una obligación ambiental no debe suponerse igual a la duración de la actividad económica que la originó.

Durante la operación, la empresa puede generar ingresos, empleos, exportaciones y actividad económica. Después del cierre, sin embargo, pueden continuar existiendo obligaciones relacionadas con:

  • La estabilidad de las instalaciones.
  • El manejo de materiales extraídos.
  • La calidad de las aguas.
  • La restauración de suelos y ecosistemas.
  • El monitoreo ambiental.
  • La atención de eventuales impactos sobre las comunidades.

La pregunta económica, entonces, no debería limitarse a cuánto produce la mina mientras está abierta. También debería incluir cuánto cuesta mantener bajo control sus riesgos cuando ya no produce.

Y esa es una responsabilidad que no puede quedar definida únicamente por el precio internacional del cobre o por los resultados de un trimestre.

2. ¿Qué nos dice realmente la auditoría de SGS?

La auditoría integral es importante porque permite revisar el cumplimiento de compromisos y conocer la situación del proyecto desde distintos componentes. MiAmbiente informó que SGS solicitó una prórroga para completar las verificaciones y los anexos del informe final, lo que demuestra que se trataba de una evaluación técnica que debía ser revisada antes de su divulgación.

Los resultados publicados posteriormente reportaron un 87.73% de cumplimiento integral. Esa cifra debe leerse con cuidado.

No es correcto convertirla automáticamente en una calificación escolar. Tampoco sería correcto afirmar que el 12.27% restante representa, por sí solo, un daño sanitario irreversible. Lo que corresponde es preguntar:

  • ¿Qué compromisos fueron evaluados?
  • ¿Qué incumplimientos se identificaron?
  • ¿Cuáles son administrativos y cuáles tienen relevancia ambiental?
  • ¿Qué hallazgos requieren corrección inmediata?
  • ¿Qué riesgos permanecen abiertos?
  • ¿Qué medidas de cierre o preservación son necesarias?
  • ¿Quién verificará que las medidas correctivas realmente funcionen?

La auditoría, por tanto, no debe utilizarse como un argumento para cerrar el debate, sino como una herramienta para hacerlo más serio.

Si el informe identifica deficiencias en restauración ecológica, biodiversidad o monitoreo ambiental, esas deficiencias deben ser analizadas según su importancia y sus consecuencias. Pero tampoco debemos afirmar que cada incumplimiento equivale automáticamente a contaminación de las comunidades o a una enfermedad. Para eso se necesita evidencia específica.

3. El drenaje ácido de roca: un riesgo que merece atención

Uno de los temas más importantes en la minería de sulfuros es el drenaje ácido de roca, conocido como DAR.

Este fenómeno puede producirse cuando minerales sulfurados, como la pirita, quedan expuestos al oxígeno y al agua. Bajo determinadas condiciones, las reacciones químicas pueden generar acidez y favorecer la movilización de metales presentes en la roca.

El riesgo no consiste solamente en que el agua tenga un pH bajo. También importa que la acidez pueda facilitar la movilización de elementos que, dependiendo de su concentración y de la exposición, pueden afectar la calidad del agua y los ecosistemas.

Pero aquí debemos ser rigurosos: la posibilidad de que exista DAR no demuestra por sí sola que todas las aguas de la zona estén contaminadas ni que exista daño sanitario en las comunidades.

Para establecerlo se necesitan datos de campo, análisis de laboratorio, series de monitoreo y estudios que permitan conocer:

  • Qué sustancias están presentes.
  • En qué concentraciones.
  • En qué lugares.
  • Durante cuánto tiempo.
  • Si existe exposición humana.
  • Si esa exposición representa un riesgo sanitario.
  • Si las medidas de control están funcionando.

La presencia de agua ácida o de materiales potencialmente generadores de acidez debe tomarse en serio. Pero la conclusión correcta es que requiere evaluación y manejo, no que ya se ha demostrado una catástrofe sanitaria.

4. Los relaves: el riesgo no termina cuando se detiene la extracción

Otro aspecto que merece especial atención es el manejo de los relaves, es decir, los materiales que quedan después del procesamiento del mineral.

Las instalaciones de relaves requieren planificación, mantenimiento, vigilancia y medidas de seguridad. Su estabilidad depende de factores como el diseño, las condiciones del terreno, el agua, los materiales almacenados y el comportamiento de las estructuras.

Por eso, el cierre de una mina no puede entenderse simplemente como “dejar de trabajar”. Cerrar una mina significa pasar de una etapa de producción a una etapa de gestión de riesgos.

En el caso de Cobre Panamá, la auditoría integral incluyó la revisión de aspectos técnicos, operacionales y de riesgos y pasivos. Esa información debe utilizarse para determinar qué medidas son necesarias para la preservación segura del sitio y cuáles son las obligaciones que deben mantenerse después del cierre.

No sería responsable afirmar que existe una falla inminente si no contamos con una evaluación técnica que lo demuestre. Pero tampoco sería responsable ignorar el riesgo de que una instalación requiera mantenimiento o vigilancia durante un período prolongado.

La ausencia de una falla hoy no elimina la obligación de prevenir una falla mañana.

5. Salud pública: entre el peligro, la exposición y el daño

Aquí es donde considero que el debate debe incorporar una perspectiva sanitaria más rigurosa.

En toxicología, no basta con identificar una sustancia peligrosa. También es necesario conocer la exposición. Una sustancia puede representar un peligro, pero el riesgo depende de factores como la concentración, la duración, la vía de contacto y las características de la población.

Por eso, cuando hablamos de metales como plomo, cadmio o arsénico, debemos distinguir entre:

Peligro: la capacidad de una sustancia para producir daño.

Exposición: el contacto de una persona con esa sustancia, por ejemplo, a través del agua, los alimentos, el aire o el suelo.

Riesgo: la probabilidad de que esa exposición produzca un efecto adverso.

Daño demostrado: la existencia de evidencia suficiente para establecer que un efecto sanitario ocurrió y que está relacionado con una exposición determinada.

Esta distinción es fundamental. No debemos afirmar que una comunidad está enferma por causa de la mina sin estudios que lo demuestren. Pero tampoco debemos esperar a que aparezcan enfermedades para exigir prevención y vigilancia.

La salud pública trabaja precisamente con esa lógica: identificar peligros, evaluar exposiciones, prevenir riesgos y detectar oportunamente posibles efectos.

6. Una fotografía no es una película: los límites de un resultado normal

En ocasiones se escucha decir que los análisis de los ríos demuestran que todo está bien. Pero esa conclusión puede ser demasiado amplia.

Un análisis de agua informa sobre las condiciones de la muestra tomada, en el lugar y momento en que se tomó, y sobre los parámetros que se decidieron medir. No necesariamente permite conocer todas las variaciones que pueden ocurrir a lo largo del tiempo.

La comparación con la salud humana ayuda a comprenderlo.

Una persona puede realizarse exámenes médicos y obtener resultados normales. Eso es una buena noticia, pero no significa que tenga garantizada la ausencia de una enfermedad futura. Los exámenes son herramientas para detectar determinadas condiciones; su capacidad depende de qué se busca, cómo se mide y cuándo se realiza la evaluación.

En el ambiente ocurre algo semejante.

Un resultado normal es una buena noticia, pero no equivale a una garantía de que nunca habrá un problema.

Por eso, la pregunta correcta no es solamente:

“¿El río está bien hoy?”

También debemos preguntar:

“¿Qué se está midiendo?, ¿con qué frecuencia?, ¿qué ocurre durante las lluvias intensas?, ¿qué sustancias podrían movilizarse?, ¿qué cambios se observan a lo largo del tiempo?, ¿y qué sistema existe para detectar un problema antes de que se convierta en un daño mayor?”

La investigación científica sobre drenaje ácido de mina demuestra que la respuesta ambiental puede cambiar según las condiciones del agua, el caudal y la mineralogía. En algunos sitios, los contaminantes pueden presentar variaciones estacionales importantes, y la duración de la afectación puede ser difícil de determinar.

Esto tiene una consecuencia importante para Panamá: el monitoreo no debe limitarse a comprobar que una muestra cumple con los parámetros establecidos. También debe permitir comprender cómo evoluciona el sistema ambiental.

Y aquí debemos ser rigurosos. No se trata de afirmar que los análisis no sirven. Sí sirven, y son indispensables. Tampoco se trata de afirmar que existe contaminación porque todavía no se ha demostrado que no existe.

Se trata de reconocer que la ausencia de evidencia en una muestra no debe confundirse con evidencia de ausencia de riesgo.

En toxicología ambiental, además, es necesario distinguir entre la medición de una sustancia y sus efectos sobre la salud. La presencia de un contaminante no demuestra por sí sola que haya causado una enfermedad, y la ausencia de un contaminante en una muestra biológica tampoco demuestra necesariamente que nunca hubo exposición. Por eso se necesitan estudios de exposición, toxicología y vigilancia sanitaria que permitan interpretar los resultados correctamente.

La prevención no consiste en demostrar que todo está bien en un momento determinado. Consiste en establecer un sistema capaz de detectar, investigar y corregir los problemas que puedan aparecer con el tiempo.

7. ¿Qué debería exigir Panamá antes de discutir una reapertura?

Si el Estado considera cualquier escenario futuro para Cobre Panamá, considero que debería exigir, como mínimo, un sistema de garantías y vigilancia que permita responder preguntas concretas.

A. Una línea de base sanitaria

Antes de atribuir cambios en la salud de una población a una actividad minera, es necesario conocer su situación sanitaria previa.

Por eso sería razonable que el MINSA, con apoyo del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, evaluara la posibilidad de establecer una línea de base sanitaria en las comunidades cercanas al proyecto.

Esa línea de base podría incluir, según los riesgos identificados y los criterios técnicos correspondientes:

  • Indicadores de salud renal.
  • Indicadores de salud neurológica.
  • Vigilancia de enfermedades crónicas.
  • Evaluación de posibles exposiciones a metales.
  • Seguimiento de poblaciones especialmente vulnerables.

La finalidad no sería “demostrar que la mina enferma”, sino contar con información científica que permita detectar, investigar y prevenir posibles efectos sobre la salud.

B. Monitoreo ambiental independiente y transparente

El monitoreo ambiental debe permitir conocer la calidad del agua y otros componentes relevantes del entorno.

Pero no basta con publicar una cifra aislada. Se necesita conocer la metodología, los puntos de muestreo, los límites de detección, la frecuencia de análisis y los criterios utilizados para interpretar los resultados.

También sería conveniente que la información relevante pudiera ser consultada por la academia y por la ciudadanía, de manera que el debate no dependa exclusivamente de comunicados de la empresa o del Gobierno.

C. Garantías financieras para el cierre

Una de las preguntas más importantes es quién asumirá los costos de las obligaciones ambientales cuando la actividad deje de generar ingresos.

Por eso, cualquier eventual escenario futuro debería contemplar garantías financieras suficientes para cubrir las obligaciones de cierre, preservación, monitoreo y tratamiento que correspondan.

La responsabilidad ambiental no debe depender de que el precio del cobre sea favorable ni de que la empresa continúe operando.

D. Evaluación independiente de los riesgos

Las decisiones deben apoyarse en evaluaciones técnicas independientes, especialmente en materias como estabilidad geotécnica, manejo de aguas, relaves, restauración ecológica y riesgos sanitarios.

La independencia no significa que todos los expertos deban pensar igual. Significa que sus conclusiones deben poder ser examinadas, contrastadas y verificadas.

7. La necesidad de minerales no elimina la obligación de evaluar sus costos

Es cierto que la sociedad moderna utiliza minerales para fabricar computadoras, teléfonos, vehículos, equipos médicos y muchas otras tecnologías.

Pero ese hecho no responde por sí solo a la pregunta de si una mina específica debe operar.

Reconocer la importancia de los minerales no significa aceptar cualquier condición de extracción. La necesidad de un recurso no convierte automáticamente en aceptable cualquier impacto asociado a su obtención.

La discusión debe ser más madura: qué minerales necesitamos, de dónde provienen, cómo se extraen, qué impactos generan, qué alternativas existen y qué condiciones deben cumplirse para proteger a las personas y al ambiente.

En el caso de Panamá, eso significa que el debate sobre Cobre Panamá no debe reducirse a “necesitamos cobre” o “no necesitamos cobre”. Debe centrarse en qué condiciones permitirían, o impedirían, considerar responsable una actividad minera de esa magnitud.

8. El costo económico también debe incluir el costo de la responsabilidad

La economía es importante. El empleo es importante. Los ingresos fiscales son importantes. Pero también lo es el costo de mantener un pasivo ambiental bajo control.

Una evaluación económica completa debería considerar no solamente los beneficios de la operación, sino también:

  • Los costos de cierre.
  • Los costos de mantenimiento.
  • Los costos de monitoreo.
  • Los costos de restauración.
  • Los costos de eventuales medidas correctivas.
  • Los costos de vigilancia sanitaria.
  • Los riesgos financieros asociados a obligaciones de largo plazo.

Esto no significa que todos esos costos deban ser necesariamente asumidos por el Estado. Significa que deben ser identificados, cuantificados cuando sea posible y asignados de manera clara.

Si no se conocen, la evaluación económica queda incompleta.

Conclusión: la salud pública no puede ser una variable de ajuste

El debate sobre Cobre Panamá no debería resolverse mediante consignas. Tampoco mediante una cifra aislada de cumplimiento.

La auditoría integral es un insumo importante, pero no sustituye la evaluación de riesgos sanitarios ni determina por sí sola el futuro del proyecto. El drenaje ácido de roca es un riesgo que merece atención técnica, pero no debe confundirse con una prueba automática de daño sanitario. Y la estabilidad de los relaves debe evaluarse con rigor, sin exageraciones ni minimizaciones.

Mi posición es que Panamá debe exigir evidencia suficiente antes de tomar decisiones que puedan comprometer la salud pública y el ambiente durante generaciones.

No se trata de negar la importancia de la economía. Se trata de reconocer que la economía también debe responder por sus costos.

No se trata de afirmar que toda minería es necesariamente destructiva. Se trata de exigir que cada proyecto sea evaluado según sus riesgos reales, sus medidas de control y sus responsabilidades.

Y no se trata de esperar a que aparezca el daño para actuar. Se trata de construir un sistema de prevención, vigilancia y responsabilidad que permita tomar decisiones informadas.

Porque una actividad económica puede ser rentable durante décadas, pero la responsabilidad de sus consecuencias no puede terminar cuando termina el último trimestre de producción.

 

El uso de los psicotrópicos: responsabilidad, seguridad y el papel del farmacéutico en Panamá

  El uso de los psicotrópicos: responsabilidad, seguridad y el papel del farmacéutico en Panamá Por Walter Caballero Actualización 2026 En o...