Introducción: una
decisión que no puede medirse solamente en dólares
El debate sobre Cobre
Panamá suele presentarse como una disyuntiva entre economía y ambiente. Sin
embargo, esa forma de plantearlo resulta insuficiente.
La pregunta no es
únicamente cuánto empleo puede generar una mina, cuánto aporta al producto
interno bruto o cuánto podría recibir el Estado en ingresos fiscales.
La pregunta también es
qué riesgos se asumen, quién los asume y quién responde por ellos cuando la
actividad deja de producir ingresos.
La minería puede aportar
beneficios económicos importantes. También puede generar impactos ambientales y
riesgos para la salud. Reconocer ambas cosas no es una contradicción: es el
punto de partida de una discusión responsable.
En Panamá, esa discusión
adquiere una dimensión especial por el cierre de Cobre Panamá, las obligaciones
ambientales pendientes y la necesidad de decidir cómo se manejará el sitio.
La auditoría integral
realizada por SGS constituye un elemento relevante para conocer el estado del
proyecto, pero sus resultados deben interpretarse con precisión.
El informe evaluó
compromisos legales, fiscales, ambientales y operacionales; no equivale a una
certificación de que no existen riesgos sanitarios ni a una autorización
automática para reanudar la extracción.
Por eso, antes de
discutir una eventual reapertura, considero indispensable responder una
pregunta fundamental:
¿Puede Panamá demostrar
que los riesgos ambientales y sanitarios de una actividad minera de gran escala
pueden ser prevenidos, controlados y financiados durante toda la vida del
proyecto y después de su cierre?
Si la respuesta todavía
no está suficientemente sustentada, el deber del Estado no es apresurarse. Es
investigar, informar y exigir las garantías necesarias.
1. El verdadero
problema: beneficios temporales y responsabilidades de largo plazo
Una mina puede operar
durante décadas. Pero algunos de sus impactos potenciales pueden requerir
vigilancia y manejo durante mucho más tiempo.
Esto no significa que
todo proyecto minero produzca necesariamente un daño permanente. Significa que
la duración de una obligación ambiental no debe suponerse igual a la duración
de la actividad económica que la originó.
Durante la operación, la
empresa puede generar ingresos, empleos, exportaciones y actividad económica.
Después del cierre, sin embargo, pueden continuar existiendo obligaciones
relacionadas con:
- La estabilidad de las instalaciones.
- El manejo de materiales extraídos.
- La calidad de las aguas.
- La restauración de suelos y ecosistemas.
- El monitoreo ambiental.
- La atención de eventuales impactos sobre las
comunidades.
La pregunta económica,
entonces, no debería limitarse a cuánto produce la mina mientras está abierta.
También debería incluir cuánto cuesta mantener bajo control sus riesgos cuando
ya no produce.
Y esa es una
responsabilidad que no puede quedar definida únicamente por el precio
internacional del cobre o por los resultados de un trimestre.
2. ¿Qué nos dice
realmente la auditoría de SGS?
La auditoría integral es
importante porque permite revisar el cumplimiento de compromisos y conocer la
situación del proyecto desde distintos componentes. MiAmbiente informó que SGS
solicitó una prórroga para completar las verificaciones y los anexos del
informe final, lo que demuestra que se trataba de una evaluación técnica que
debía ser revisada antes de su divulgación.
Los resultados publicados
posteriormente reportaron un 87.73% de cumplimiento integral. Esa cifra debe
leerse con cuidado.
No es correcto
convertirla automáticamente en una calificación escolar. Tampoco sería correcto
afirmar que el 12.27% restante representa, por sí solo, un daño sanitario
irreversible. Lo que corresponde es preguntar:
- ¿Qué compromisos fueron evaluados?
- ¿Qué incumplimientos se identificaron?
- ¿Cuáles son administrativos y cuáles tienen
relevancia ambiental?
- ¿Qué hallazgos requieren corrección
inmediata?
- ¿Qué riesgos permanecen abiertos?
- ¿Qué medidas de cierre o preservación son
necesarias?
- ¿Quién verificará que las medidas correctivas
realmente funcionen?
La auditoría, por tanto,
no debe utilizarse como un argumento para cerrar el debate, sino como una
herramienta para hacerlo más serio.
Si el informe identifica
deficiencias en restauración ecológica, biodiversidad o monitoreo ambiental,
esas deficiencias deben ser analizadas según su importancia y sus
consecuencias. Pero tampoco debemos afirmar que cada incumplimiento equivale
automáticamente a contaminación de las comunidades o a una enfermedad. Para eso
se necesita evidencia específica.
3. El drenaje ácido de
roca: un riesgo que merece atención
Uno de los temas más
importantes en la minería de sulfuros es el drenaje ácido de roca, conocido
como DAR.
Este fenómeno puede
producirse cuando minerales sulfurados, como la pirita, quedan expuestos al
oxígeno y al agua. Bajo determinadas condiciones, las reacciones químicas
pueden generar acidez y favorecer la movilización de metales presentes en la
roca.
El riesgo no consiste
solamente en que el agua tenga un pH bajo. También importa que la acidez pueda
facilitar la movilización de elementos que, dependiendo de su concentración y
de la exposición, pueden afectar la calidad del agua y los ecosistemas.
Pero aquí debemos ser
rigurosos: la posibilidad de que exista DAR no demuestra por sí sola que todas
las aguas de la zona estén contaminadas ni que exista daño sanitario en las
comunidades.
Para establecerlo se
necesitan datos de campo, análisis de laboratorio, series de monitoreo y
estudios que permitan conocer:
- Qué sustancias están presentes.
- En qué concentraciones.
- En qué lugares.
- Durante cuánto tiempo.
- Si existe exposición humana.
- Si esa exposición representa un riesgo
sanitario.
- Si las medidas de control están funcionando.
La presencia de agua
ácida o de materiales potencialmente generadores de acidez debe tomarse en
serio. Pero la conclusión correcta es que requiere evaluación y manejo, no que
ya se ha demostrado una catástrofe sanitaria.
4. Los relaves: el
riesgo no termina cuando se detiene la extracción
Otro aspecto que merece
especial atención es el manejo de los relaves, es decir, los materiales que
quedan después del procesamiento del mineral.
Las instalaciones de
relaves requieren planificación, mantenimiento, vigilancia y medidas de
seguridad. Su estabilidad depende de factores como el diseño, las condiciones
del terreno, el agua, los materiales almacenados y el comportamiento de las
estructuras.
Por eso, el cierre de una
mina no puede entenderse simplemente como “dejar de trabajar”. Cerrar una mina
significa pasar de una etapa de producción a una etapa de gestión de riesgos.
En el caso de Cobre
Panamá, la auditoría integral incluyó la revisión de aspectos técnicos,
operacionales y de riesgos y pasivos. Esa información debe utilizarse para
determinar qué medidas son necesarias para la preservación segura del sitio y
cuáles son las obligaciones que deben mantenerse después del cierre.
No sería responsable
afirmar que existe una falla inminente si no contamos con una evaluación
técnica que lo demuestre. Pero tampoco sería responsable ignorar el riesgo de
que una instalación requiera mantenimiento o vigilancia durante un período
prolongado.
La ausencia de una falla
hoy no elimina la obligación de prevenir una falla mañana.
5. Salud pública:
entre el peligro, la exposición y el daño
Aquí es donde considero
que el debate debe incorporar una perspectiva sanitaria más rigurosa.
En toxicología, no basta
con identificar una sustancia peligrosa. También es necesario conocer la
exposición. Una sustancia puede representar un peligro, pero el riesgo depende
de factores como la concentración, la duración, la vía de contacto y las características
de la población.
Por eso, cuando hablamos
de metales como plomo, cadmio o arsénico, debemos distinguir entre:
Peligro: la capacidad de
una sustancia para producir daño.
Exposición: el contacto
de una persona con esa sustancia, por ejemplo, a través del agua, los
alimentos, el aire o el suelo.
Riesgo: la probabilidad
de que esa exposición produzca un efecto adverso.
Daño demostrado: la
existencia de evidencia suficiente para establecer que un efecto sanitario
ocurrió y que está relacionado con una exposición determinada.
Esta distinción es
fundamental. No debemos afirmar que una comunidad está enferma por causa de la
mina sin estudios que lo demuestren. Pero tampoco debemos esperar a que
aparezcan enfermedades para exigir prevención y vigilancia.
La salud pública trabaja
precisamente con esa lógica: identificar peligros, evaluar exposiciones,
prevenir riesgos y detectar oportunamente posibles efectos.
6. Una fotografía no
es una película: los límites de un resultado normal
En ocasiones se escucha
decir que los análisis de los ríos demuestran que todo está bien. Pero esa
conclusión puede ser demasiado amplia.
Un análisis de agua
informa sobre las condiciones de la muestra tomada, en el lugar y momento en
que se tomó, y sobre los parámetros que se decidieron medir. No necesariamente
permite conocer todas las variaciones que pueden ocurrir a lo largo del tiempo.
La comparación con la
salud humana ayuda a comprenderlo.
Una persona puede
realizarse exámenes médicos y obtener resultados normales. Eso es una buena
noticia, pero no significa que tenga garantizada la ausencia de una enfermedad
futura. Los exámenes son herramientas para detectar determinadas condiciones;
su capacidad depende de qué se busca, cómo se mide y cuándo se realiza la
evaluación.
En el ambiente ocurre
algo semejante.
Un resultado normal es
una buena noticia, pero no equivale a una garantía de que nunca habrá un
problema.
Por eso, la pregunta
correcta no es solamente:
“¿El río está bien hoy?”
También debemos
preguntar:
“¿Qué se está midiendo?,
¿con qué frecuencia?, ¿qué ocurre durante las lluvias intensas?, ¿qué
sustancias podrían movilizarse?, ¿qué cambios se observan a lo largo del
tiempo?, ¿y qué sistema existe para detectar un problema antes de que se
convierta en un daño mayor?”
La investigación
científica sobre drenaje ácido de mina demuestra que la respuesta ambiental
puede cambiar según las condiciones del agua, el caudal y la mineralogía. En
algunos sitios, los contaminantes pueden presentar variaciones estacionales
importantes, y la duración de la afectación puede ser difícil de determinar.
Esto tiene una
consecuencia importante para Panamá: el monitoreo no debe limitarse a comprobar
que una muestra cumple con los parámetros establecidos. También debe permitir
comprender cómo evoluciona el sistema ambiental.
Y aquí debemos ser
rigurosos. No se trata de afirmar que los análisis no sirven. Sí sirven, y son
indispensables. Tampoco se trata de afirmar que existe contaminación porque
todavía no se ha demostrado que no existe.
Se trata de reconocer que
la ausencia de evidencia en una muestra no debe confundirse con evidencia de
ausencia de riesgo.
En toxicología ambiental,
además, es necesario distinguir entre la medición de una sustancia y sus
efectos sobre la salud. La presencia de un contaminante no demuestra por sí
sola que haya causado una enfermedad, y la ausencia de un contaminante en una muestra
biológica tampoco demuestra necesariamente que nunca hubo exposición. Por eso
se necesitan estudios de exposición, toxicología y vigilancia sanitaria que
permitan interpretar los resultados correctamente.
La prevención no consiste en demostrar que todo está bien en un momento determinado. Consiste en establecer un sistema capaz de detectar, investigar y corregir los problemas que puedan aparecer con el tiempo.
7. ¿Qué debería exigir
Panamá antes de discutir una reapertura?
Si el Estado considera
cualquier escenario futuro para Cobre Panamá, considero que debería exigir,
como mínimo, un sistema de garantías y vigilancia que permita responder
preguntas concretas.
A. Una línea de base
sanitaria
Antes de atribuir cambios
en la salud de una población a una actividad minera, es necesario conocer su
situación sanitaria previa.
Por eso sería razonable
que el MINSA, con apoyo del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud, evaluara la posibilidad de establecer una línea de base sanitaria en las
comunidades cercanas al proyecto.
Esa línea de base podría
incluir, según los riesgos identificados y los criterios técnicos
correspondientes:
- Indicadores de salud renal.
- Indicadores de salud neurológica.
- Vigilancia de enfermedades crónicas.
- Evaluación de posibles exposiciones a
metales.
- Seguimiento de poblaciones especialmente
vulnerables.
La finalidad no sería
“demostrar que la mina enferma”, sino contar con información científica que
permita detectar, investigar y prevenir posibles efectos sobre la salud.
B. Monitoreo ambiental
independiente y transparente
El monitoreo ambiental
debe permitir conocer la calidad del agua y otros componentes relevantes del
entorno.
Pero no basta con
publicar una cifra aislada. Se necesita conocer la metodología, los puntos de
muestreo, los límites de detección, la frecuencia de análisis y los criterios
utilizados para interpretar los resultados.
También sería conveniente
que la información relevante pudiera ser consultada por la academia y por la
ciudadanía, de manera que el debate no dependa exclusivamente de comunicados de
la empresa o del Gobierno.
C. Garantías
financieras para el cierre
Una de las preguntas más
importantes es quién asumirá los costos de las obligaciones ambientales cuando
la actividad deje de generar ingresos.
Por eso, cualquier
eventual escenario futuro debería contemplar garantías financieras suficientes
para cubrir las obligaciones de cierre, preservación, monitoreo y tratamiento
que correspondan.
La responsabilidad
ambiental no debe depender de que el precio del cobre sea favorable ni de que
la empresa continúe operando.
D. Evaluación
independiente de los riesgos
Las decisiones deben
apoyarse en evaluaciones técnicas independientes, especialmente en materias
como estabilidad geotécnica, manejo de aguas, relaves, restauración ecológica y
riesgos sanitarios.
La independencia no
significa que todos los expertos deban pensar igual. Significa que sus
conclusiones deben poder ser examinadas, contrastadas y verificadas.
7. La necesidad de
minerales no elimina la obligación de evaluar sus costos
Es cierto que la sociedad
moderna utiliza minerales para fabricar computadoras, teléfonos, vehículos,
equipos médicos y muchas otras tecnologías.
Pero ese hecho no
responde por sí solo a la pregunta de si una mina específica debe operar.
Reconocer la importancia
de los minerales no significa aceptar cualquier condición de extracción. La
necesidad de un recurso no convierte automáticamente en aceptable cualquier
impacto asociado a su obtención.
La discusión debe ser más
madura: qué minerales necesitamos, de dónde provienen, cómo se extraen, qué
impactos generan, qué alternativas existen y qué condiciones deben cumplirse
para proteger a las personas y al ambiente.
En el caso de Panamá, eso
significa que el debate sobre Cobre Panamá no debe reducirse a “necesitamos
cobre” o “no necesitamos cobre”. Debe centrarse en qué condiciones permitirían,
o impedirían, considerar responsable una actividad minera de esa magnitud.
8. El costo económico
también debe incluir el costo de la responsabilidad
La economía es
importante. El empleo es importante. Los ingresos fiscales son importantes.
Pero también lo es el costo de mantener un pasivo ambiental bajo control.
Una evaluación económica
completa debería considerar no solamente los beneficios de la operación, sino
también:
- Los costos de cierre.
- Los costos de mantenimiento.
- Los costos de monitoreo.
- Los costos de restauración.
- Los costos de eventuales medidas correctivas.
- Los costos de vigilancia sanitaria.
- Los riesgos financieros asociados a
obligaciones de largo plazo.
Esto no significa que
todos esos costos deban ser necesariamente asumidos por el Estado. Significa
que deben ser identificados, cuantificados cuando sea posible y asignados de
manera clara.
Si no se conocen, la
evaluación económica queda incompleta.
Conclusión: la salud
pública no puede ser una variable de ajuste
El debate sobre Cobre
Panamá no debería resolverse mediante consignas. Tampoco mediante una cifra
aislada de cumplimiento.
La auditoría integral es
un insumo importante, pero no sustituye la evaluación de riesgos sanitarios ni
determina por sí sola el futuro del proyecto. El drenaje ácido de roca es un
riesgo que merece atención técnica, pero no debe confundirse con una prueba
automática de daño sanitario. Y la estabilidad de los relaves debe evaluarse
con rigor, sin exageraciones ni minimizaciones.
Mi posición es que Panamá
debe exigir evidencia suficiente antes de tomar decisiones que puedan
comprometer la salud pública y el ambiente durante generaciones.
No se trata de negar la
importancia de la economía. Se trata de reconocer que la economía también debe
responder por sus costos.
No se trata de afirmar
que toda minería es necesariamente destructiva. Se trata de exigir que cada
proyecto sea evaluado según sus riesgos reales, sus medidas de control y sus
responsabilidades.
Y no se trata de esperar
a que aparezca el daño para actuar. Se trata de construir un sistema de
prevención, vigilancia y responsabilidad que permita tomar decisiones
informadas.
Porque una actividad
económica puede ser rentable durante décadas, pero la responsabilidad de sus
consecuencias no puede terminar cuando termina el último trimestre de
producción.
